Me asaltaron

Por J. Francisco Macías C.

El pasado jueves 25 de junio me asaltaron en Guadalajara. Salí a pasear a mi perro a las 8:30 PM, cuando en el cruce de la calle José Guadalupe Zuno y Juan Ruiz de Alarcón (atrás del restaurante “El Santo Coyote”), un joven en bicicleta se acercó y me pidió indicaciones para llegar a Las Águilas. Mientras estaba intentando explicarle, me dijo en voz más baja “dame tu celular o te meto un balazo”. 

En fin. Como en todas estas tristes ocasiones, no queda más que decir: gracias a Dios se quedó sólo en lo material. Un caso más de los cientos o miles que suceden en Guadalajara diariamente. Al día siguiente (viernes 26) fue el terrorífico atentado en Ciudad de México contra el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y claramente que el robo de un celular palidece por el nivel de violencia y armamento utilizado. Sin embargo, creo que vale la pena reflexionar qué es lo que podemos aprender al respecto de un delito como este, que cada día es más común en Guadalajara. Es una oportunidad que quiero aprovechar para pensar en la manera de aplicar concretamente la alternativa solidaria en un tema de seguridad. Y pienso en los casos de seguridad que parecen menores, los que sufrimos los ciudadanos todos los días, los que no son “delincuentes matándose entre sí” (como muchos gobernantes quieren encasillarlos). Obviamente, los delitos de alto impacto (crimen organizado, secuestro, terrorismo, trata de personas, narcotráfico, etcétera) deben ser abordados de una manera distinta. 

¿Cuál sería una alternativa solidaria a un problema de seguridad como este? Me parece que es necesario abordarlo desde la centralidad de la persona; y esto es, la persona como víctima y victimario de estas tristes situaciones. 

Desde la perspectiva de la víctima, es fundamental partir de los derechos que tenemos. Yo tengo derecho a pasear a mi perro sin tener miedo a perder mi propiedad en manos de delincuentes, o a que mi integridad física esté en riesgo (lo mismo que el movimiento feminista lleva diciendo ya un buen tiempo). De la misma forma, mi familia y yo tenemos derecho a que, si llegara a suceder un delito como este, la policía actúe para aprehender al delincuente y llevarlo a un proceso justo, donde reciba una sanción en justa medida a lo que cometió (lo cual analizaré más adelante). 

Me parece que la protección de estos dos derechos (tránsito seguro y justicia) está íntimamente relacionada con el funcionamiento de las policías. Después del asalto, corrí a la avenida y paré a una patrulla para que me ayudaran… Pero nunca encontraron al ladrón. Regresaron poco después y me pidieron más información, que apuntaron en una libreta deshojada (tal vez que incluso compraron ellos). Me hicieron el favor de acercarme a mi casa, y se fueron. Lamentablemente, su intervención (aunque bien intencionada) no sirvió de nada; y no creo que por malicia, sino por falta de elementos materiales y de inteligencia operativa. No hay cámaras suficientes, no hay coordinación entre las patrullas asignadas a la zona, tampoco hay materiales para levantar fácil y correctamente la denuncia. Incluso dudo que, de haber atrapado al ladrón, hubiera sido posible procesar al delincuente.

No es un secreto que la policía de Jalisco y sus municipios no solo está rebasada e infiltrada por el crimen, sino que además carece de medios para operar. Los bajos salarios que se ofrecen (aún cuando se han mejorado últimamente[1]) y la falta de equipamiento hace que la eficiencia sea una opción que dependa del esfuerzo de cada elemento, y no una exigencia del diseño del sistema policiaco. Veamos, por ejemplo, el caso de una de las ciudades más seguras del país: Mérida. Un municipio que cuenta con programas de capacitación de policías, profesionalización, altos sueldos y estrategias de inteligencia modernas, con una gran inversión de parte del Estado[2]. Estoy seguro que, si se destinasen a la policía los recursos que actualmente gasta el Congreso del Estado en incumplir con las leyes (como en el caso del nombramiento de los consejeros de la judicatura del Estado de manera francamente vergonzosa[3]), probablemente tendríamos mayor seguridad. O si se recuperaran los desfalcos que ha sufrido el fisco estatal (como las decenas de millones de pesos que robó el ex-auditor Godoy[4]) para invertir en los policías y en sus equipos, seguramente habría mayor eficiencia.

Por otro lado, hay que abordar la perspectiva del victimario, del asaltante. No quiero satanizar al pobre tipo, porque no conozco sus antecedentes y las decisiones que lo llevaron a realizar ese acto. Sin embargo, tampoco me parece adecuado justificarlo como una víctima del sistema, o como alguien que lo hizo simplemente para vivir. El punto es no ser ni visceral ni la cursi, sino objetivo: esta persona cometió un delito, y debería responder frente a la sociedad por ello, en su justa medida. 

Obviamente no parece adecuado que una persona se pudra en la cárcel por robar un celular, pero tampoco es justo que puedas amenazar con matar a una persona y no pase nada. Es necesario rediseñar las penas y procesos para que los castigos sean verdaderamente proporcionarles e inhiban los delitos. Además, en cualquier tipo de delitos, es necesario asegurarse que esas penas sirvan como verdaderos caminos de rehabilitación para los criminales, y no como una sentencia de pertenecer al crimen de por vida.

En resumen, en el punto del criminal deben abordarse también dos puntos: la lógica detrás de las penas por los delitos, y el sistema de readaptación social. El primero de ellos necesita un poder legislativo activo, que en diálogo con la academia creen un sistema normativo funcional. El segundo implica nuevamente acción legislativa seria, pero también inversión en conjunto con la sociedad civil y las empresas que den alternativas a los delincuentes rehabilitados. Lamentablemente, la LXII legislatura de Jalisco carece de la voluntad política para hacer algo serio al respecto, y habrá que asegurarse que en la próxima sí haya seriedad. 

Así es, me asaltaron y gracias a Dios sólo quedó en lo material. La seguridad vista desde la alternativa solidaria no exige la muerte del asaltante, ni lo justifica romántica y estúpidamente; sino que busca establecer sistemas para proteger los derechos de los ciudadanos (antes que sean víctimas), y además para rehabilitar a los victimarios. En Jalisco hace falta inversión en policías, y trabajo legislativo y académico en las penas y la readaptación social. Hay un largo camino por recorrer, pero esta experiencia me convenció que es fundamental asegurarse que el Congreso de Jalisco y el Poder Ejecutivo del Estado tengan claridad al respecto de estos temas para solucionar la difícil situación en que nos encontramos. 

Imagen: Jalisco Cómo Vamos (http://www.jaliscocomovamos.org/1446)

[1] https://www.reporteindigo.com/reporte/policias-de-jalisco-tendran-sueldo-de-23-mil-pesos-al-mes-enrique-alfaro/#:~:text=Polic%C3%ADas%20de%20Jalisco%20tendr%C3%A1n%20sueldo,mes%3A%20Enrique%20Alfaro%20%7C%20Reporte%20Indigo

[2] https://reporteroshoy.mx/noticias/prometen-mas-profesionalizacion-de-la-policia-de-merida/

[3] https://www.informador.mx/jalisco/Tras-echar-abajo-examen-teorico-Congreso-elige-a-tres-consejeros-de-la-Judicatura-20200619-0011.html

[4] https://elfisgonpolitico.com/alonso-godoy-ex-auditor-que-saqueo-a-jalisco-capacitara-a-funcionarios-federales/

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