Cuando hablamos de la Ley 3 de 3, pareciera que dicha iniciativa ciudadana es la panacea, el antídoto completamente eficaz contra la impunidad en que pareciera viven los funcionarios públicos. Parece evidente: ahora que sepamos la información patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos no volverán a desfalcar la hacienda pública, y mucho menos llegaran al poder rufianes como José Luis Abarca en Iguala. Pero, ¿será verdaderamente cierto lo que pensamos?

Para una ciudadanía inmadura, pareciera que el cambio en las leyes cambia la realidad, como si fuera “la diosa ley”. Me aventuro a decir que tal vez esto es resultado de una concepción simplista sobre el funcionamiento social: “si yo cumplo la ley por el hecho que sea ley, seguro todos lo hacen igual“.

No soy pesimista y creo que la mayor parte de los mexicanos cumplen cabalmente con la ley; pero, ¿así lo harán aquellos que estén en la administración pública? Ciertamente lo dudo. Al contrario: creo que si una persona no tiene empacho en incumplir con los ordenamientos que cuidan el patrimonio del Estado (que es de todos), menos tendrán problema en romper aquellos que la pudieran mostrar a la luz pública como lo que es: un delincuente.

La mencionada argumentación no convierte a la iniciativa en algo innecesario o incorrecto, sino todo lo contrario. La ley servirá para fortalecer el andamiaje institucional que permita perseguir a los bandidos que operan y se esconden en la administración pública. Pero, como se mencionó en otros escritos, es necesario que se le dé seguimiento puntual a su implementación, es decir, que la ley se convierta en una realidad práctica para que la ciudadanía esté convencida de su necesidad y justicia, no solamente pensando que es “la diosa ley”.

José Francisco Macías Calleja

(Edición: Frida Fernanda Ahumada Loza)

(Imagen recuperada de: Microjuris.com)