México está inmerso en un grave problema de corrupción y de vulneración del estado de derecho por aquellos que juraron protegerlo. Cada día salen a la luz nuevos casos de funcionarios del Estado o personajes electos para ocupar un cargo público que se han valido de su posición para romper la ley y evadir la justicia. Aunque la lista es muy larga, siempre recordaremos a René Bejarano Martínez en 2004 captado en video recibiendo dinero de procedencia ilícita; o a Julio César Godoy Toscano, el exdiputado federal (ahora prófugo de la justicia) que tomó protesta en 2010 mientras era perseguido por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado (1).

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Efectivamente, a pesar que existan honrosas excepciones, es desagradable e indignante la clase política y gubernamental mexicana. Sin embargo, decir esto suena peligrosamente parecido a las frases como “me duele México”, que el columnista Gil Gaméz las identifica con otras como “Ay, qué vergüenza mi país, sírvanme otra copa de champaña”, y “Oh, que horrible violencia, deposite en Nueva York esta pequeña cantidad de dólares” (2). En otras palabras, suena a un victimismo inútil e infantil.

Mucho hemos discurrido en este espacio sobre la participación de los ciudadanos en la vida política y gubernamental del país y los estados, que debe ser libre y por convencimiento sincero de su necesidad y justicia. Esta contribución a la vida pública, además, debe ser objetiva en su apreciación de los requerimientos del bien común, y sobrepasar las simples quejas para convertirse en propuestas concretas de mejora. Pero, ¿esto cómo se traduce en la vida real?

Hoy, parece ser que hay esperanza, pues hay una propuesta —elaborada principalmente por personas del ITAM, el IMCO y el CIDE— que ataca el punto toral de la corrupción: la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3 de 3, cuyo factor más conocido es la obligación de los funcionarios de presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial, y fiscal. Claro, si queremos encontrar a las ratas, es de gran utilidad seguir el dinero.

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En este sentido, es muy necesario dar seguimiento a la iniciativa de ley para que ésta se apruebe correctamente, con el contenido que necesita el país. El camino no se acaba cuando los ciudadanos a secas presentan a los representantes sus ideas, sino hasta que éstas se cristalizan en la realidad.

Pero, una vez que la iniciativa de 3 de 3 sea una ley vigente, ¿puede decirse que el sistema será completamente funcional? Claramente que no, y sería imperdonable caer en el triunfalismo después de esto. Existen muchas otras cuestiones que tomar en cuenta para poder asegurar el ejercicio legal y digno del poder público, desde el fuero constitucional que debe ser repensado y ajustado hasta el seguimiento a la información proporcionada en las declaraciones de los funcionarios; pero es de celebrarse que existan avances en la vida ciudadana del país. Habremos que trabajar para que ésta no sea la primera y última, sino el inicio de un México más humano, orgulloso y justo.

José Francisco Macías Calleja

(Edición: Miguel Ángel Soriano Morales)

(Imagen tomada de: Publímetro, rendiciondecuentas.org.mx y 3de3)

(1) El Universal. Desafuero. Arma política vigente. México, 2016. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/05/9/desafuero-arma-politica-vigente Fecha de consulta: 12 de mayo de 2016.

(2) El Financiero. Mal paso. México, 2016. http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mal-paso.html Fecha de consulta: 12 de mayo de 2016.