La discusión acerca del poder de los ciudadanos siempre llega a un punto de quiebre donde usualmente todos los comentarios se vuelven inútiles: cuando se comienza a hablar de política. Si existe un desprecio generalizado por la administración pública, éste se convierte en un odio verdaderamente irracional al respecto de los políticos.

¿Cómo se hace frente a la maraña político-administrativa que se levanta ante el ciudadano?

Cuando se habla de cualquier persona que escoge la política como su camino profesional, automáticamente cae sobre ella una presunción de corrupción, deshonestidad e inmoralidad prácticamente imposible de combatir. Pocas veces es claro qué es lo que supuestamente amerita esta percepción, pues gran parte de las veces los ciudadanos no tienen idea de lo que hacen los representantes populares. Se dice que los diputados y senadores roban al pueblo, pero ¿en realidad el pueblo entiende lo que hacen los legisladores, su posición y facultades respecto al patrimonio estatal? Se tacha a los gobernadores de ser incapaces de gestionar al Estado, y que lo usan a su antojo según sus propios intereses, ¿pero en verdad ellos tienen tal poder sobre la entidad como se presume? La queja parece inútil por ser tan difusa y  torpe.

Esta objeción ad nauseam de todo aquello que huela a político ha llevado al placebo de los candidatos “ciudadanos independientes”: nadie sabe lo que verdaderamente implican, usualmente son sólo ex-militantes (por expulsión o renuncia) de los partidos políticos y parecen ser la tenebrosa reminiscencia de los caudillos que han colmado la historia nacional. El resultado termina siendo el mismo: un panorama político lleno de gente incapaz y sedienta de poder, que tiene como única retroalimentación los comentarios de la masa maleable, iletrada e iracunda. Al final, la conjunción de la administración pública y la política sólo sirve para dividir a la sociedad y establecer el Bien Común como una aspiración imposible de alcanzar.

En este espacio se ha señalado en diversas ocasiones que los ciudadanos tienen que retomar el poder que les corresponde por naturaleza: no se trata de afanes políticos o discursos demagógicos, sino de verdaderamente alcanzar la democracia participativa que asegure el desarrollo generalizado de la patria. Sin embargo, la pregunta es muy concreta: ¿cómo se hace frente a la maraña político-administrativa que se levanta ante el ciudadano?

Antes que nada, es necesario partir de una concepción verdaderamente realista. Así como ya hemos aceptado anteriormente que el gobierno no tiene que funcionar como una maquina de regalos o que es insostenible una democracia basada en el odio a las autoridades, aquí tiene que ver la magnitud real del problema. En efecto, los ciudadanos tenemos que tomar una actitud más madura ante las realidades que se presentan en la vida comunitaria, con un análisis serio de los problemas cotidianos.

A pesar del monstruo gubernamental que se erige ante la sociedad, es posible llamar a las cosas por su nombre y establecer las responsabilidades que correspondan.

Tomemos un ejemplo que se encuentra latente al día de hoy: la regulación de los servicios de transporte como Uber o CityDrive. El debate ha sido durísimo entre los promotores y detractores de estas empresas, llegando a manifestaciones de ambos bandos y hasta agresiones. Todas las opiniones culpaban sin ton ni son a cualquier autoridad que pareciera tener algo que ver, usualmente rebotando entre el Congreso del Estado hasta el Gobernador.

El problema es que la cuestión se aborda únicamente como una cuestión política o mediática, sin entender las variantes económicas, ambientales, sociales y legales que abarcan. Sólo se habla de los bandos que se han formado y de sus actuaciones en los medios masivos de comunicación, pero dejan pendientes muchas preguntas: ¿de qué forma estos servicios promueven el libre mercado y el desarrollo económico del Estado? ¿cómo influyen en el uso de automóviles particulares en relación con problemas de contaminación y tráfico? ¿la existencia de Uber y CityDrive afecta de manera directa a aquellas personas que conducen taxis? ¿el modelo de taxis es bueno, o es simplemente una idea anacrónica que arrastra a familias enteras a la miseria? ¿Qué es lo que realmente permite la ley respecto estos servicios? Y mucho más importante ¿las leyes en este tema son suficientes para establecer condiciones de Bien Común?

Todas las preguntas enunciadas son únicamente una pequeña parte de lo que debería abarcar la discusión seria para enfrentar estas situaciones, pero es imposible inspeccionarlas si el problema está centrado en temáticas de poder en lugar de bienestar social. Esta última perspectiva dota de una libertad prácticamente desconocida a la sociedad, enriqueciendo las posibilidades de crecer juntos y resultando en una convicción por el realismo que marca las reglas del juego. De esta forma, a pesar del monstruo gubernamental que se erige ante la sociedad, es posible llamar a las cosas por su nombre y establecer las responsabilidades que correspondan, sin manchar la discusión de intereses deshonestos que dañan a la sociedad. Significa señalar que los taxistas han actuado de forma incorrecta al atacar a los conductores de estos servicios de transporte; que el poder ejecutivo, por conducto de la fiscalía, ha sido omiso en su obligación de sancionar a aquellos que han usado la violencia para supuestamente “defender” sus derechos; y que el Congreso del Estado debió haber emitido una regulación mucho antes que la situación haya alcanzado niveles críticos de tensión.

Hacer un análisis como este —que evidentemente es incompleto—posibilitaría apreciar claramente qué es lo que está mal en la sociedad. Si tan solo, en lugar de decir que el gobierno es corrupto en las redes sociales y echarse a descansar, los ciudadanos hicieran una reflexión seria de las situaciones de manera que se pudiera señalar de forma puntual a aquellos que están haciendo las cosas mal,  y al mismo tiempo tomaran en sus manos la responsabilidad de darle seguimiento hasta que los funcionarios terminaran desempleados o en la cárcel, el país funcionaría de manera muy distinta.

La única forma de enfrentarse con el poder ciudadano al complejo gigante de la administración y la política es mediante una perspectiva realista de las problemáticas que aquejan a la sociedad y con la mirada fija en el bienestar social. Sólo así será posible poner los puntos sobre las íes y, poco a poco, alcanzar el Bien Común.

José Francisco Macías Calleja

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