Desde la formación de las primeras comunidades, toda estructura social se ha visto en la necesidad de establecer parámetros de conducta y medidas punitivas que hagan posible la convivencia armónica e impulsen la cooperación de los hombres hacia la satisfacción de intereses colectivos. Pasando por los arcaicos principios de justicia retributiva, hasta los complejos sistemas jurídicos y codificaciones actuales, el Derecho se erige perpetuamente como uno de los cimientos funcionales de todo tejido social. Sin embargo, siendo la Ley y el Estado (éste último encargado de su confección y ejecución) productos de la razón humana, cabe cuestionarse los límites de su actividad y la injerencia que poseen en las conciencias humanas.

¿Qué sucedería si la Ley fracasara en su propósito de procurar el bien común y la justicia? ¿un individuo puede estar eximido de la obediencia a una ley injusta, o bien, que fuese contraria a los dictados de su conciencia o de su credo?

Si bien cada caso en particular precisaría de una ponderación de intereses individualizada, lo cierto es que el estudio de la Historia ofrece múltiples ejemplos en los que el desacato a la autoridad ha pretendido justificarse por medio de actos de auténtica justicia. Para lo anterior, basta con estudiar la apología de Sócrates, en la que su máxima “es preferible padecer una injusticia a cometerla” sellaría el funesto destino del filósofo griego; y siglos después hallaría un eco en Santo Tomás Moro, quien antes de ser ejecutado, pronunció: “I die being the King’s good servant—but God’s first”.

Un ejemplo actual de dicho fenómeno puede hallarse en el caso norteamericano de “Miller contra Davis”. Kim Davis funcionaria del condado de Rowan, en Kentucky, fue encarcelada tras rehusarse a expedir licencias de matrimonio en favor de parejas homosexuales, aduciendo motivos de incompatibilidad entre la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia americana y sus creencias.

No obstante, lo anterior implica el análisis del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, el cual representa un reto sistemático para el mundo globalizado, pues su reconocimiento e implementación práctica deben tender a la satisfacción de intereses universales, cuyos motivos puedan ser eficientemente invocados en todas las jurisdicciones.

La globalización ofrece un terreno fértil para la convivencia multicultural y el diálogo interreligioso, por lo que el Derecho debe servirse de las innovaciones doctrinales, tales como la figura de la objeción de conciencia, cuyo ejercicio debe basarse en una ética universal (derecho natural); en su búsqueda por garantizar el bien común, con lo cual provea las herramientas adecuadas para la defensa de ideales legítimamente fundamentados.

Eduardo Sánchez Madrigal

(Edición: Arpad Alejandro Jaime Orozco)